.::Por qué decimos NO!::.

POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO DECIMOS NO A L A EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LAS EMPRESAS NACIONALES, MULTINACIONALES

La ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATATUMBO – ASCAMCAT, en el marco de la defensa integral del territorio, de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, de la autodeterminación de los pueblos y en la lucha por una vida rural digna, expresa a la comunidad nacional e internacional su OPOSICIÓN a las actividades de EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN de los recursos naturales no renovables del Catatumbo Colombiano adelantada por diferentes empresas de índole nacional, multinacional y transnacional.

El Catatumbo es una zona de gran importancia geoestratégica debido a su condición de frontera con Venezuela así como su cercanía al Lago de Maracaibo, pues se convierte en un punto de interconexión de toda la infraestructura energética, de transporte, ambiental, social e industrial que requiere el comercio transnacional. El Catatumbo y el Estado Zulia se relacionan especialmente en la explotación carbonífera, petrolera, gasífera, agroindustrial, forestal y ganadera.

La historia de ésta región ha estado marcado por la violencia, la agresión y la usurpación, que ha contado con la aprobación del gobierno de turno, ejemplo de ello ha sido la nefasta concesión Barco, firmada el 16 de octubre de 1905 por el presidente Rafael Reyes, en donde se favorecía inicialmente al general Virgilio Barco Martínez y posteriormente a las empresas norteamericanas Mobil Texas y la Tropical Oil Company, con la autorización para usufructuar el petróleo de alrededor de 200 mil hectáreas baldías del Catatumbo por un plazo de 50 años, exento de impuestos y con unas ganancias para el estado de un paupérrimo 15% de las utilidades líquidas. Esta concesión no sólo favoreció los intereses extranjeros sino también la ocupación y usurpación del territorio y por ende el aniquilamiento del pueblo Barí, pues la estrategia militar auspiciada por el gobierno de Reyes generó la creación de cuadrillas especiales del ejército para contener la fuerza y la resistencia de los indígenas Barí y así facilitar la entrada de dichas empresas a regiones inhóspitas y “salvajes” donde se podrían encontrar reservas de petróleo.

Hoy en día, luego de cien años, la historia se repite, pero esta vez, los intereses no sólo se centran en los yacimientos petroleros sino también en las grandes riquezas carboníferas de la región. Actualmente la explotación de carbón representa uno de los mayores intereses en el Catatumbo, ya que se pretende en la zona realizar actividades de exploración y explotación del mineral a cielo abierto, pues las reservas son superiores a las del Cerrejón (La Guajira). Las empresas que se encuentran tras este megaproyecto en el Catatumbo son aparentemente dos empresas canadienses, una mexicana y cinco colombianas [1]: Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo Fuels and Minerals, Geofisin EU, Prominorte, y, Mora y Mora Multinversiones Mineras. Las empresas impactarían una zona superior a 25 mil hectáreas, en los municipios de Convención, Teorema, Tibú y El Tarra.

Pero hablar de explotación a cielo abierto implica hablar de los impactos ambientales que generaría en el medio ambiente y esto no significa sólo las alteraciones de fauna y flora sino también la afectación de la calidad de vida de los campesinos catatumberos e indígenas barí. En este sentido, es pertinente decir que la exploración y explotación del carbón a cielo abierto tendrá como resultados la alteración del paisaje; la afectación de la calidad del agua superficial y agua subterránea ya que impactaría considerablemente caños como Caño Mariela, Caño Danta, Caño Pereza, quebradas y ríos, todos éstos afluentes que surten al río Catatumbo, el cual desemboca en el lago Maracaibo (Venezuela) que son vitales para la vida humana, animal y vegetal; los ecosistemas terrestres como por ejemplo: el oso perezoso, el oso de anteojos, el pajuil, sadinos, guagua, picure, aves, plantas de uso medicinal ancestral, cultivos de pancoger (yuca, plátano, maíz, arroz, fríjol, entre otras) y las fuentes hídricas que hacen parte de la vida y existencia del ser humano y del entorno; los ecosistemas acuáticos indispensables para la vida de los indígenas motilón bari y de los campesinos que vivimos de la pesca del bocachico, la mariana, el mana mana, etc; impactaría también las características del suelo, la salud y especialmente la calidad del aire, debido a la contaminación que generaría y a la falta de vegetación para la producción de oxígeno; igualmente, las rutas de movilización pues ya no podremos transitar por los caminos de herraduras ni por los caminos ancestrales del pueblo indígena bari; las actividades de subsistencia se verían también afectadas ya que no se podrá sembrar los cultivos que constituyen la dieta alimenticia de los campesinos e indígenas, y por ende las actividades culturales, especialmente las del pueblo bari, que tiene lugares sagrados importantes para su cosmovisión; y ni que decir de las alteraciones que en materia de orden público traería pues el incremento de las Fuerzas Militares ya fue mencionado por parte del gobierno nacional para cuidar los intereses de las empresas multinacionales.

Por ejemplo, únicamente en 1.531 hectáreas ubicadas en la vereda Caño Mariela [2], se pretende la explotación durante el primer año de 60 mil toneladas, proyectando llegar el quinto año a 790 mil toneladas. Además, a la par de la explotación, se pretende la implementación de líneas férreas [3] y tres termoeléctricas para generar 18 Mw/h donde se consuman aproximadamente 35 mil toneladas de carbón no exportable. La explotación a cielo abierto de carbón ocurrirá en zonas de resguardo y ancestrales del pueblo barí.

La construcción de la vía Tibú – La Mata [4], conocida como “la troncal del carbón”, la cual está recibiendo el impulso de las autoridades departamentales y del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien está interesado en que el departamento tenga una salida al mar propia, para la movilización de los productos de mineros y agrícolas. La inversión en la adecuación y pavimentación de la vía la calcularon en $220.000 millones y el presidente Uribe en el consejo comunal del 29 de enero de 2006, en Tibú, anunció el aporte de $50.000 millones para iniciar las obras. Se trata de que el carbón que se explota en la zona del Catatumbo tenga una salida a los mercados internacionales por territorio colombiano. Hoy los industriales del carbón están utilizando la vía del lago de Maracaibo, en territorio venezolano. Se pretende por medio de esta vía exportar dos millones de toneladas de carbón al año, con un promedio diario de 7.575 toneladas, en vehículos con capacidad de 32 toneladas.

Sumado a esto, la presencia del estado es casi inexistente, y prácticamente lo hace a través de la fuerza pública, más en términos de una política de control territorial y social que ofrezca estabilidad política a los grandes inversionistas y proyectos económicos, que con la intención de proteger y mejorar las condiciones de vida de la población civil. Es así como en el Catatumbo operan la 30a Brigada del Ejército Nacional, la cual está conformada por el Batallón de Infantería "Francisco de Paula Santander", Batallón de Infantería "García Rovira", Grupo Mecanizado GMAZA, Batallón de Servicios No. 30, Batallón del Plan Energético Vial No. 10, Batallón de Contraguerrillas No. 46 “Héroes de Saraguro”, con puesto de Mando en Tibú. Así mismo, hace presencia la Brigada Móvil No. 15 con el Batallón Contraterrorista No. 95 “Ricardo Díaz” y la Brigada Móvil No. 5 con el Batallón Contraterrorista No. 45 “Héroes de Majagual”, las cuales suman más de diez mil soldados operando en Norte de Santander. Además se proyecta la implementación de nuevas brigadas móviles, las 20 y 21, las cuales entrarán en funcionamiento antes de finalizar el 2007 y cuyo objetivo es garantizar la seguridad a proyectos mineros, petroleros y agrícolas promovidos por el gobierno en la región del Catatumbo.

En este sentido, la militarización de la región del Catatumbo también está encaminada a promover la implementación de monocultivos extensivos agroindustriales de cacao y palma aceitera. En el caso de la palma aceitera se proyecta llegar a cubrir 20.000 hectáreas (actualmente existen alrededor de 6.200 hectáreas sembradas) y construir, en el corregimiento de Campo Dos (Tibú), una planta extractora de aceite. Esta planta tendrá un costo de ocho mil millones de pesos, de los cuales la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos –(Usaid), pondría 1.200 millones. Las obligaciones adquiridas por medio de créditos y endeudamientos para poder adelantar los procesos de explotación hacen que los campesinos de la región corran el enorme riesgo de perder sus tierras. El interés en la implementación de estos cultivos se remonta al gobierno de Andrés Pastrana, cuyo ministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, fue el promotor de la palma aceitera en el Catatumbo, y hoy aparece como socio mayoritario de la promotora hacienda Las Flores Ltda. y de la planta extractora Catatumbo.

Todo este panorama se ha visto agravado por la incursión paramilitar que ha marcado la historia de la violencia en la región con más de cien mil desplazados, más de diez mil muertos y más de 600 desaparecidos. La estrategia paramilitar ha permitido a las transnacionales un control territorial en la región y ha generado el desplazamiento de las comunidades que allí habitan, facilitando sus actividades de exploración y explotación de los recursos naturales. Así mismo el rearme de reductos paramilitares ahora conocidos como Águilas Negras, poco después de la desmovilización realizada en el marco del supuesto proceso de paz entre Uribe y las AUC [Bloque Catatumbo y Bloque Norte], ha generado que la población catatumbera se sienta nuevamente intimidada, pues la misma fuerza pública le ha manifestado a los pobladores que después de ellos vienen las Águilas Negras y que hay presencia de ellas en las tropas regulares. Lo paradójico es que dichos grupos vienen presentándose en zonas en las que anteriormente hizo presencia el Bloque Catatumbo y dentro de sus líderes se reconocieron varios mandos medios regionales de las AUC, algunos de ellos participantes del proceso de Ralito, como “Camilo”, “Omega”, “Jhon Palma” y “Sinaí”, los tres primeros dados de baja y el último detenido por la policía.

Otro aspecto que ha perturbado la región del Catatumbo son las fumigaciones indiscriminadas que bajo el discurso de una política antinarcóticos ha afectado no sólo los cultivos de pancoger del campesinado, sino que también ha afectado las zonas de reserva forestal, el parque natural binacional, los resguardos indígenas y el territorio tradicional. (Como estrategia para generar desplazamiento y dejarle la vía libre a los intereses de las multinacionales sin importar la vida y dignidad humana del pueblo catatumbero).

Los fuertes intereses que se proyectan en el Catatumbo hacen creer que se recurrirá nuevamente al terror como mecanismo que permita la implementación de los megaproyectos, las fumigaciones indiscriminadas, la fuerte militarización y los altos niveles de crecimiento de los grupos paramilitares en la zona son un síntoma de lo que se puede presentar y que ya en épocas anteriores vivimos los catatumberos.

Las masacres, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las detenciones arbitrarias, los empadronamientos a la población civil, los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, los bloqueos económicos, señalamientos hacia la población civil por supuestos “reinsertados”, la estigmatización del movimiento popular, el pillaje, los bombardeos indiscriminados, etc., son el resultado de la implementación de esta nueva estrategia para la exploración y explotación de la riqueza natural de la región.

Ante este panorama, sólo la unidad de acción del pueblo catatumbero en los diferentes escenarios que se planteen (sociales, políticos, jurídicos, etc.) podrá impedir que la zona se convierta en un socavón bordeado uniformemente de palma, custodiado por militares y paramilitares, donde todos los recursos y riquezas marchen sobre rieles hacia el extranjero en la repetición sin fin de la historia de nuestro continente: tener la riqueza y no disfrutar de ella, porque así funcionan las estructuras contemporáneas del despojo, ese es el destino que el capitalismo tiene para el campesino y para el pueblo indígena barí. Es por esto que la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia (Asocbarí), Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), hemos unido esfuerzos, como sujetos históricos comprometidos en la defensa del territorio y la vida digna, para impedir el saqueo de nuestras riquezas como hace cinco siglos.

Por lo anterior, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aclara:


1. Las empresas carboníferas han desconocido los derechos de las comunidades campesinas y del pueblo indígena barí asentadas en la zona del Catatumbo colombiano.

2. El pueblo indígena barí no participó en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo. Toda la información que dan sobre las características de la población indígena son mentiras, desconocen la organización de las comunidades ancestrales, su ubicación, su cultura, sus usos y costumbres.

3. No se han adelantado procesos de consulta previa ni con indígenas ni con campesinos, todo lo contrario han desinformado y mencionado que las comunidades ha autorizado dichas actividades o recibidos dineros.

4. Según lo expresado por el presidente de Asojuntas del corregimiento de La Gabarra, Benito Chacón Rodríguez, en comunicación fechada noviembre 20 de 2006 a Ascamcat, en la que solicita “respeto por la decisión avalada por 27 líderes comunales, en la cual permiten que las empresas que ya hicieron presencia continúen en sus labores de sus estudios sísmicos en la zona del Catatumbo, ya que las más beneficiadas son nuestras comunidades, generando así empleo y desarrollo económico para las familias más necesitadas”. Frente a esto queremos informar que el señor Dionel Carranza, miembro activo de nuestra asociación manifiesta no haber participado de reunión o asamblea alguna el día 19 de noviembre, mucho menos firmado en respaldo al oficio y que por lo tanto la firma allí consignada no es la suya. En reunión sostenida por esta Asociación el 7 de diciembre de 2006 con el señor Chacón e Ingenieros de la Compañía Geofisíca Latinoamericana (CGL) y comunidades campesinas e indígenas, el señor Benito Chacón ratificó que la firma del dirigente comunal fue falsificada por un mayor del ejército con sede en La Gabarra.

5. Las zonas en las cuales se van adelantar la exploración del carbón a cielo abierto, han sido sometidas a la más cruel violencia paramilitar para desalojar a los habitantes de esta región desde 1999, ahora son víctimas de la militarización y la violación a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, bombardeos, amenazas, bloqueos económicos, tratos crueles y denigrantes, etc.

6. Existen en estas zonas decenas de fosas comunes con las víctimas de las masacres y asesinatos cometidos.

7. En las zonas donde se quiere adelantar la exploración del carbón a cielo abierto se iniciaron nuevamente fumigaciones desde el 25 de julio de 2007, realizando aspersiones indiscriminadas sobre los cultivos de pancoger, las fuentes hídricas, y fauna y flora.

¡Por la defensa de nuestros recursos naturales y de nuestro ecosistema, por la creación de una conciencia colectiva entorno a la explotación racional y de beneficio general de nuestros recursos naturales, entendiéndolos como un patrimonio nacional que debe contribuir al desarrollo y del bienestar social colombiano!

Basados en el documento "El Catatumbo: los intereses que se mueven, las amenazas que se esconden" de Freddy Ordoñez. Ver: www.prensarural.org/spip/spip.php?article635

[1] Estas últimas integran el consorcio Carbofising Ltda.
[2] En esta zona quien pretende explotar el carbón es sólo la compañía Geofising EU
[3] Por ejemplo: Río Tomas – Curumaní – Santa Marta, que implica 275 Km.
[4] Esta carretera pasaría por los municipios de Tibú – El Tarra – Convención - El Carmen, en Norte de Santander y La Mata en el departamento de Cesar.